POLÍTICA PÚBLICA, JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y MORALIDAD
Empecemos con la política pública. Desde un punto de vista antropológico, la política pública no es un ejercicio estático que represente directamente las formas como la ciudadanía actúa o se expresa a través del Estado, ni es tampoco la expresión final de la participación ciudadana. Las políticas públicas se entienden como la expresión de dinámicas históricas ancladas al poder o la materialización en textos de intereses políticos y económicos pero, a su vez, el texto de la política pública continúa con vida en sus procesos de interpretación, de ejecución e, inclusive, de transgresión, en la medida en que esa relación entre política pública como texto escrito (es decir, como símbolo) y como ejecución (es decir, como práctica) ancla una cadena de sujetos, instituciones y poderes que pasan no solo por la administración y las burocracias tanto públicas como privadas, sino igualmente por los ejercicios ciudadanos en tanto que todas y todos actuamos con base en esa política, la seguimos pero también la usamos a nuestro acomodo, para tratar de sacar ventajas específicas o dinamizar agendas particulares o de colectividades.
Este primer marco analítico sobre la política pública, que es compartido y mucho mejor analizado por las disciplinas de la administración y gobierno, se entiende desde la antropología como una posibilidad para indagar por esas dinámicas sociales alrededor de los procesos legislativos o de administración pública, y por los marcos históricos y culturales en donde se desarrollan multiplicidad de dinámicas institucionales e individuales.
Las reformas constitucionales de finales de siglo XX en varios países de América Latina marcaron el deseo de estas poscolonias de transformar sus estados de derecho en estados sociales de derecho. Dentro de este proceso no solo se reconoce que las desigualdades sociales condicionan la garantía de los derechos, sino que también se introducen mecanismos individuales de reivindicación de derechos en donde ciudadanas y ciudadanos elevan peticiones a los jueces para proteger sus derechos, tanto los fundamentales como los llamados de segunda generación (sociales, económicos y culturales). Las peticiones ciudadanas por vía jurídica se han tornado tan importantes y visibles (tanto cuantitativa como cualitativamente) que ya se plantea el término de judicialización de la política, entendida como el creciente papel del sector judicial en modificar y alterar los órdenes legislativos e inclusive la administración pública. Cuando un juez confiere un derecho a un ciudadano/a, altera la justicia distributiva ya que también obliga a la administración pública a encontrar mecanismos para hacer viable el pleno ejercicio del derecho, incluyendo un reordenamiento en los recursos y la alteración de los planes de ejecución presupuestal.
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