Introducción
Dentro de los procesos históricos de importancia para el estudio de la psicología social, la educación es uno de los más importantes, siguiendo a Castillo (2007), ésta se debe entender “no sólo como mecanismo de circulación y enseñanza de los conocimientos que se consideran útiles para la formación de una sociedad, sino como mecanismo de regulación de aquellos que se estiman válidos, reflejando así jerarquías sociales y epistémicas” (p. 42). Según lo anterior, la educación es el pilar que convoca la igualdad en una sociedad democrática que enseña y vela por los derechos, o bien, de dominación en manos de un gobierno que vela por sus propios intereses.
Esto se apoya fundamentalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948) en su artículo 26, el cual define la educación como un derecho fundamental y como el mecanismo de reproducción de sistemas sociales y de conocimientos, debe ser en cualquier situación un proceso formativo impartido con calidad y que responda a las necesidades integrales de la comunidad. Así mismo, debe asegurar el desarrollo adecuado de los individuos de tal forma que puedan responder a las demandas del medio social. Sin embargo, esto último no debe significar un atropello al sistema cultural y a las creencias de algunos grupos, que por su condición étnica merecen una educación diferencial. Se deben tener en cuenta así los sistemas cultural, económico, social y político propios de las etnias para así responder a dichas necesidades.
Desde esta perspectiva, la Constitución Colombiana (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) dictamina el reconocimiento de las etnias, así como el pluralismo étnico en el territorio nacional, sin embargo, la legislación educativa encargada de cubrir la sección étnica del país posee algunas dificultades para implementar soluciones adecuadas respecto a las necesidades sociales, culturales y políticas que tienen las comunidades indígenas.
Al respecto, se enuncia la etnoeducación en Colombia como un principio pedagógico que pretende posicionar la educación cultural en los procesos educativos nacionales, y está enmarcada en una noción de etnodesarrollo, entendida como la consolidación de los ámbitos culturales mediante el fortalecimiento de una sociedad culturalmente diferenciada, como en los que se han visto involucrados las comunidades indígenas, afrocolombianas y los rom desde la década de los 70. Sin embargo, pese a la intención incluyente de esta política pública, hay unas cuestiones metodológicas, como la cobertura, la adecuada capacitación de profesores para impartir educación indígena o, la falta de acuerdos con cada comunidad para definir el currículo, que aún no logran solventarse y están íntimamente ligadas a la pérdida de la identidad cultural, y dificultan poder impartir una educación de acuerdo con su sistema cultural particular.
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