Introducción
Las ideas del cooperativismo originadas en Europa llegaron a Colombia en el marco de procesos económicos sociales y culturales que, a finales del siglo XX, desencadenaron en la apertura económica, el neoliberalismo y la globalización, lo que permitió el ingreso al país de bienes y servicios, además de formas de cultura y pensamiento de procedencia extranjera.
Las cooperativas rurales y agropecuarias se comienzan a desarrollar a partir de la mitad del siglo XX y en especial en la década de 1960, cuando el programa Alianza para el Progreso, impulsado por Estados Unidos y apoyado por todos los gobiernos del área latinoamericana, decide apoyar el cooperativismo agropecuario y rural (Uribe, 1994).
Las cooperativas aparecen en Colombia en 1931, a partir de la promulgación de la primera ley cooperativa, gracias a los esfuerzos de unos pioneros que logran interesar al gobierno para impulsar este tipo de organizaciones, con el fin de dar respuesta a los retos que estaba planteando la gran depresión de la década de 1930 entre los obreros de la incipiente industria colombiana. Estos impulsadores se apoyaban en las experiencias cooperativas que se estaban generando en los países europeos (Alemania, Francia, Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca) y en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). Las primeras experiencias colombianas fueron de carácter urbano y ya para mediados de la década de 1930 había cuatro cooperativas fundadas en el país (Uribe, 1994).
El artículo 4 de la Ley 79 de 1988 señala que: “Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente aportantes y gestores de la empresa.....”. (Congreso de Colombia, 1988. p. 1). Simultaneidad de gestores y aportantes significa en la práctica que es esencial que el asociado aporte a la cooperativa no sólo trabajo –como en el trabajo asociado– sino capital social y sostenimiento; de ahí que los asociados, a través de su consejo de administración, deberán ceñirse a un presupuesto de ingresos, costos y gastos para calcular la dimensión de sus aportes.
El artículo 4 de la Ley 79 de 1988 señala además acerca de la empresa cooperativa: ”Creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general” (Congreso de Colombia, 1988. p. 1).
Esta misma ley precisa el concepto “sin ánimo de lucro”, al considerar textualmente que:
Se presume que una empresa no tiene ánimo de lucro cuando cumple con los siguientes requisitos:
1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del remanente patrimonial.
2. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados partes de los mismos en proporción al uso de los servicios o la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real (Congreso de Colombia, 1988. p. 2).
El establecimiento de la normatividad legal con relación al funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado generó un auge del proceso cooperativista. Sin embargo, entre los años 1998 y 1999 este sector atraviesa una gran crisis, especialmente las cooperativas de ahorro y crédito. En 1997 se inicia la crisis del sector cooperativo colombiano, que obliga a la liquidación de dos bancos cooperativos, Uconal y Bancoop, y a la indirecta conversión de Coopdesarrollo en sociedad anónima. Luego de las fusiones forzosas de Cupocrédito y Coopsibaté, y de recibir los activos y pasivos de Bancoop, Coopdesarrollo se transforma en el Banco Megabanco S. A.; Coopdesarrollo continúa siendo el principal accionista del banco, al mantener el control del mismo. De esta forma, no quedó ningún banco de naturaleza cooperativa (www.portalcooperativo.coop/historia.htm).
Es así que por esta misma época, y mediante la ley 454 de 1998, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas (Dancoop), se transformó en el Departamento Administrativo de Ahorro Solidario (Dansocial), que lidera esos procesos en la actualidad (Cely & Pérez, 2008).
En los últimos años, el movimiento cooperativista y las apuestas por economías alternativas se han dado en el marco de lo que se conoce como economía solidaria. Según Moreno (2001), la economía solidaria es un conjunto de fuerzas sociales, identificadas por ideales solidarios y humanistas, que la habilitan para gestionar talento humano, recursos naturales, científicos, tecnológicos y financieros y, como resultado de esa gestión, para generar procesos de desarrollo integral y sostenible para el género humano en general y para cada comunidad o agrupación familiar en particular. En su conjunto, constituye un eje dinamizador de procesos sociales, culturales y políticos, para la construcción de una nueva civilización, capaz de construir la felicidad humana.
La economía solidaria se constituye en propuesta ética e ideológica (política) para generar procesos eficientes de creación de riqueza, aplicada a la satisfacción de las necesidades sociales, dentro de un concepto de desarrollo integral y sostenible. Esto implica un manejo adecuado de los recursos, en un proceso integral y dinámico, dentro de un ámbito de relaciones solidarias y unívocas, aplicado a la producción de una ganancia o excedente socialmente necesario y que en ningún caso podrá destinarse a enriquecer a unos con el producto del trabajo de otros (Moreno, 2001).
Con la Ley 79 de 1988 se pretendió conformar un sistema de economía solidaria que recogiera a muchas organizaciones, asociaciones y grupos que realizaban actividades sociales y sin ánimo de lucro. El sistema de la economía solidaria se identifica entonces con tres tipos principales de organizaciones: las cooperativas, los fondos de empleados y las mutuales.
La Ley 454 de 1998, en su artículo 6, parágrafo segundo, afirma que las cooperativas tienen el carácter de organizaciones solidarias, cuya principal característica es ser asociativa y sin ánimo de lucro, ya que los trabajadores o los usuarios, según el caso, son de manera simultánea los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir de forma conjunta y eficiente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. |
