Introducción

La guerra es un fenómeno que afecta a todos y cada uno de los elementos que constituyen la vida de un país, región, estado o territorio. Las consecuencias de esta son de orden cognitivo y comportamental, las cuales afectan las capacidades del ser humano, de manera que cambian las condiciones en sus relaciones, sus sentimientos, sus formas de entender el mundo y su conducta (Ibáñez, 2005). Yaffe (2011) afirma que el inicio de este fenómeno en Colombia se remonta a la década de los sesenta, cuando el país se hallaba inmerso en un conflicto armado que involucró múltiples actores: fuerzas armadas ilegales, Gobierno, fuerzas armadas legales y la sociedad civil. Desde ese periodo, el país ha sido testigo de la aparición sucesiva de diversos grupos armados al margen de la ley. Algunas de las causas objetivas para explicar la conformación de estos grupos son las desigualdades socioeconómicas, la exclusión, la injusticia y la discriminación de algunos sectores, los cuales generan resentimientos o carencias y, en consecuencia, inconformidad, además de la codicia y los factores políticos institucionales (Gómez-Restrepo, Rodríguez, Bohórquez, Diazgranados, Ospina, y Fernández 2002). Cabe resaltar que desde los años 80 sucesivos gobiernos han ofrecido beneficios que subsanen estos factores a miembros de las fuerzas armadas ilegales para que dejen sus organizaciones, varios grupos menores se desmovilizaron en la década de los 90. Luego de negociaciones con el gobierno, desmovilizaron sus estructuras entre 2003 y 2006, y alrededor de 20.000 combatientes se desmovilizaron de forma individual (Ugarriza y Nussio, 2015). Como consecuencia, en el gobierno que se desarrolló en el periodo entre el año 2002 hasta el 2010, se sometió gran cantidad del territorio de los fuerzas armadas ilegales a través de la política de seguridad contrainsurgente. En años posteriores, se estableció el estado actual de estos grupos, en donde se dieron los acercamientos a la paz y a los cinco (5) puntos de negociación (Álvarez, 2015). Pese a esto, uno de los grupos armados ilegales aún conservaba alrededor de 6.200 hombres armados y el número estimado de redes de apoyo determinó un total de 15.700 combatientes (Infobae, 2016). Frente a esto, el Gobierno ha establecido a lo largo de su historia las fuerzas armadas de Colombia, nombrados como combatientes legales, quienes son aprobados por el Ministerio de Defensa (Ugarriza y Nussio, 2015). Las fuerzas armadas legales de Colombia están representadas por el ejército, la armada o marina, la fuerza aérea y la institución policial. El surgimiento de este última se da con el Decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891, el cual indica que a partir de ese momento empieza a funcionar dicho organismo.